La magistrada rechazó la petición del Ministerio Público, que había solicitado prisión preventiva para Antonio y arresto domiciliario para Maribel. En su lugar, se adoptaron medidas alternativas que incluyen fianza y restricciones de movilidad.
Defensa defiende la inocencia de Maribel y Antonio Espaillat
El abogado defensor de los Espaillat, Miguel Valerio, había expresado que el proceso “no se trata de crímenes” y subrayó que ni su defendido ni su hermana han demostrado avaricia o codicia. “Ese concepto… no es real, no es correcto”, aseguró durante su intervención, reclamando que lo que debe primar es “la verdad”.
Defendió asimismo la interacción continua entre los hermanos y el principal testigo Gregory Adames. Argumenta que si existiera intimidación, “no se hubiera estado comunicando por WhatsApp con Maribel”.
Acuerdos con las víctimas y familiares de fallecidos en Jet Set
Valerio confirmó que la defensa ha logrado acuerdos con 40 víctimas, lo cual ha generado desistimientos formales dentro del proceso judicial. “Hemos llegado a un acuerdo con 40 víctimas, es legítimo en derecho, por eso está en los desistimientos… y eso evidentemente se ve porque las víctimas aún en el estrado fueron a desistir también”, declaró.
Indicó que, a pesar de los acuerdos, la prioridad sigue siendo la búsqueda de la verdad y no ha sido un obstáculo para su defensa civil. “Este caso se trata de la verdad. Y si la verdad al final determina que tenemos responsabilidad penal, por eso miremos. Porque ya la hemos venido asumiendo, la responsabilidad de civiles”, aseguró Valerio.
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“Esta decisión se burla de las víctimas”, dijo Camacho
Por su parte, Wilson Camacho, director de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, reiteró la solidez de la investigación y el respaldo a su clasificación jurídica de homicidio involuntario. Sin embargo, anunció que apelará las medidas cautelares, pues consideran que la jueza minimizaría la magnitud del daño causado a las víctimas. “Esta decisión se burla de las víctimas”, sentenció Camacho.
Durante su intervención ante la prensa, Camacho señaló que existen “cuatro elementos que vale la pena resaltar de la decisión que ha rendido el tribunal en el día de hoy”. El primero, según resaltó, es el amplio reconocimiento de “la calidad de la investigación del Ministerio Público” por parte de todos los presentes en la audiencia, incluyendo el tribunal.
El segundo elemento, explicó Camacho, es que “el tribunal reconoció también que la calificación jurídica dada por el Ministerio Público es la calificación correcta”. Esto, segun dijo, debido a que exigen actualizar el Código Penal de origen decimonónico para contemplar figuras como la culpa consciente .
El tercer punto que destacó el funcionario fue la declaratoria del caso como “complejo”, aprobada por el tribunal ante la solicitud del Ministerio Público. Esto permitirá profundizar la investigación dada la magnitud del suceso .
Asimismo, Camacho manifestó su desacuerdo con la decisión de las medidas de coerción impuestas, expresando que “creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que ha traído para la sociedad dominicana… pero sobre todo el daño que significa para 235 personas que murieron, más de 180 personas que resultaron heridas y más de 130 niños que quedaron huérfanos”.
Camacho calificó la medida como “una incorrecta valoración del tribunal de estos hechos”. Enfatizó que la medida impiesta no responde a la dimensión del daño causado.
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Próximos pasos en el proceso
Con las medidas establecidas, el caso avanza hacia una fase de investigación más profunda. La defensa anunció que realizarán un contrapertinaje técnico y un análisis detallado del peritaje presentado por el Ministerio Público. Insiste en que el colapso se produjo por una construcción de 2014 y no por negligencia intencional.
“Tocará esperar el fallo… y después podremos seguir declarando”, aseguró su defensor, subrayando que la verdadera búsqueda es por “la verdad” y no por una narrativa mediática.
El proceso ha sido declarado “complejo” por la jueza.
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