POR EMMANUEL ESCALANTE PEÑA

En Barahona, la gestión de Miguel Féliz como presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha generado controversia nuevamente con la convocatoria a una huelga de maestros al inicio del nuevo año escolar. Esta situación, que parece repetirse cada vez que hay un proceso electoral, ha afectado de manera significativa a la comunidad educativa, desde estudiantes de nivel básico hasta adultos que participan en programas especiales de formación.


Padres, madres y tutores expresan su cansancio e indignación ante la constante interrupción de las clases, las cuales, según ellos, se deben a la lucha personal de Féliz y otros docentes que protestan tras haber sido suspendidos de diversas nóminas del Estado. Los afectados señalan que el derecho a la educación de sus hijos es vulnerado por quienes deberían garantizarlo, mientras persiguen sus propios intereses laborales.


Esta situación ha sido especialmente grave en los últimos años, cuando las huelgas convocadas por Féliz y su equipo en la ADP han dejado a los estudiantes sin recibir clases por días e incluso semanas, generando preocupación entre los padres que ven cómo el rendimiento académico de sus hijos se ve afectado.


El reclamo generalizado de la población, que se ha volcado en redes sociales y medios de comunicación, es que la ADP debe buscar nuevas formas de reivindicación de sus derechos sin que el estudiantado pague las consecuencias. Argumentan que la educación no debe ser utilizada como moneda de cambio en las negociaciones entre los maestros y el gobierno.


Frente a esta realidad, muchos proponen que el Estado implemente un plan alternativo para garantizar el derecho a la educación, similar a las medidas tomadas en épocas pasadas bajo el mandato de Joaquín Balaguer, cuando las huelgas docentes también amenazaban el normal desarrollo del año escolar.


El descontento es palpable, y la presión social contra los paros escolares sigue en aumento. Es momento de que las autoridades tomen cartas en el asunto y que tanto la ADP como el gobierno encuentren una solución que priorice el bienestar de los estudiantes y el derecho fundamental a una educación continua y de calidad.